La Sublevación

La rebelión se inició el 1 de enero de 1994 en el estado mexicano de Chiapas contra el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidido por Carlos Salinas de Gortari, aprovechando que en esa fecha se producía la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC). El motivo de la sublevación fue la protesta ante la situación de extrema pobreza de los indígenas y campesinos de todo el país, la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización de su estado como de la República en su conjunto, con el objeto de que fueran respetadas y valoradas las diferentes culturas de los grupos que viven en todo el país. Pese a ser uno de los estados mexicanos que posee mayores recursos naturales (petróleo, maderas, minas y tierras fértiles para la práctica agrícola), en Chiapas es donde la desigualdad entre los distintos sectores sociales se ha mostrado históricamente de una manera más patente, ya que su organización sociopolítica sigue apoyada en las viejas estructuras sociales y políticas de carácter autoritario y latifundista.

La ocupación de diversos municipios fue respondida con el envío de tropas federales a las ciudades tomadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con enfrentamientos entre los indígenas y campesinos, de un lado, y el Ejército federal, de otro, en las principales ciudades del estado, incluidas San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. Este clima de violencia hizo que el gobierno mexicano enviara mediadores como el ex jefe de gobierno (alcalde o regente) del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho, y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, quienes negociaron una salida pacífica al conflicto a cambio de ciertas concesiones, entre las que se encontraba la supresión del candidato del PRI al gobierno del estado, perteneciente a la oligarquía chiapaneca. La Iglesia de dicho estado apoyó el diálogo y se mantuvo al lado de los indígenas y campesinos, defendiendo sus derechos más básicos. No obstante la tregua obtenida, se abrió en la zona un clima de hostilidades que dejó sin solución el conflicto.